De la insurrección militar al Movimiento Nacional

"La fundación del Opus Dei". Libro escrito por John F. Coverdale, en el que narra la historia del Opus Dei hasta 1943.

Pocos días después del alzamiento, el general Mola estableció una junta militar de defensa nacional de siete miembros. Sanjurjo, el general insurrecto de mayor rango, iba a ponerse a la cabeza del golpe, pero falleció en un accidente de aviación camino de España. La presidencia, más bien honoraria, recayó en el siguiente general en graduación: Cabanellas, un masón de cierta edad y bien conocido liberal que había sido diputado.

En un primer momento, la insurrección militar carecía de un programa político bien definido. El único punto claro era restablecer la ley y el orden bajo un gobierno militar. Excepto en Navarra, con una notable presencia carlista, parece que los nacionales no pensaban en restaurar la monarquía. La Falange todavía tenía poco poder e influencia. De hecho, las primeras proclamas nacionales terminaban con un “¡Viva la República!”, aunque la república que los rebeldes tenían en mente era bien distinta de la establecida por la Constitución de 1931.

Los líderes nacionales no sólo carecían de un plan político claro: tampoco se habían marcado unos objetivos ideológicos y culturales. Obedecían más a un estímulo contrarrevolucinario, al rechazo de la democracia liberal y al deseo de restaurar valores tradicionales. Durante la Guerra Civil, los nacionales utilizaron estos lemas para apoyar emocional e ideológicamente su causa.

El renacer religioso tuvo un lugar de primer orden en la batalla ideológica, aunque los líderes de la insurrección militar no lo contemplaban en sus planes iniciales. En sus primeras proclamas no se refirieron a la defensa de la Iglesia o de la religión. Por ejemplo, el general Mola declaró que la Iglesia y el Estado debían separarse por el bien de ambas instituciones. El mismo Franco, en octubre de 1936, afirmó que el Estado no sería confesional. Los falangistas deseaban que hubiera buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero querían una separación clara entre ambos. Por otra parte, el primer jefe de la Junta de Defensa Nacional, el general Cabanellas, era masón y favorable al Partido Radical, bien conocido por su anticlericalismo.

Es cierto que los insurrectos no se levantaron por motivos religiosos, pero la persecución religiosa en la zona republicana hizo que la inmensa mayoría de los católicos practicantes abrazara la causa nacional. Los obispos empezaron siendo cautos en sus declaraciones. El Papa Pío XI estaba bien dispuesto hacia quienes defendieron a la Iglesia de una de las más crueles persecuciones que jamás había sufrido, pero era reacio a tomar partido oficialmente. En una audiencia privada en septiembre de 1936, habló de mártires para referirse a las víctimas de la persecución religiosa y bendijo a quienes luchaban en defensa de la religión. Se centró claramente en los aspectos religiosos del conflicto español, “por encima de consideraciones políticas y mundanas”; y, apelando a la compasión y a la misericordia, advirtió del peligro de excesos que serían injustificables. La censura de prensa en la zona nacional suprimió parte del texto antes de permitir que se publicara.

Tampoco la jerarquía española hizo al principio una declaración colectiva a favor del levantamiento. Sin embargo, en otoño de 1936, varios obispos, entre los que destacaba Gomá, cardenal primado de Toledo, se sumaron abiertamente a la causa nacional. En su carta pastoral de noviembre de 1936, Gomá describió el conflicto como una guerra guiada por el espíritu cristiano y español.

Si bien es cierto que a la mayoría de los sublevados les movía la causa de la ley y el orden más que la religión o la ideología, también lo es que pronto vieron en estas últimas fuentes de apoyo popular. Así, a mediados de agosto de 1936 Mola prometió levantar la cruz sobre el nuevo estado.

La única excepción significativa se dio en el País Vasco. Allí, muchos católicos practicantes -también sacerdotes- se decantaron por la República. A pesar de que bastantes de ellos eran tradicionalistas y de que se podía esperar que las razones religiosas les llevasen a decantarse por el bando nacional, las aspiraciones autonomistas pesaron más que las consideraciones de otro tipo. El Partido Nacionalista Vasco se unió al gobierno de Largo Caballero en septiembre de 1936 a cambio del estatuto de autonomía. Los nacionales reaccionaron expulsando al obispo de Vitoria: aunque era sabido que apoyaba su causa, le echaron en cara no haber mantenido la disciplina entre los clérigos de su diócesis partidarios de los republicanos. En octubre de 1936, los nacionales ejecutaron a 12 sacerdotes vascos por crímenes políticos. Durante la Guerra, los nacionales ejecutaron en total a 14 sacerdotes vascos y los republicanos a 58.

Fue en agosto de 1936 cuando los insurrectos empezaron a llamar “nacional” a su movimiento, aunque la mayoría de sus jefes mostraban muy poco o nulo entusiasmo por las doctrinas de la Falange, el Partido Nacional Socialista o de otros movimientos nacionalistas radicales de Europa. Como se ha dicho, su intención era instaurar un gobierno militar hasta el fin de la guerra, sin unos planes claros a largo plazo que fueran más allá de un vago autoritarismo conservador.

Los nacionales encontraron una significativa oposición civil, también en las provincias del norte en las que el levantamiento triunfó y gozó del apoyo de la mayoría. En las zonas más deprimidas del sur y sudeste, que los nacionales conquistaron en los primeros meses de la guerra, una parte importante de la población estaba profundamente en contra.

En ambos bandos hubo una gran represión. Es difícil que los historiadores lleguen a un acuerdo sobre el número de ejecuciones, pero sí queda claro que murió un gran número de civiles y que los excesos fueron abundantes en uno y otro adversario. La dureza de la represión practicada obedecía, en parte, a la necesidad de pacificar las zonas donde pudiera haber resistencia civil. Además, en muchos casos los intensos conflictos ideológicos de los años precedentes sirvieron para demonizar al enemigo y justificar mentalmente la adopción de medidas extremadamente crueles. Todo ello, unido al horror de la persecución religiosa en la zona republicana, ayuda a explicar el silencio de parte de la jerarquía de la Iglesia ante los excesos de los nacionales. Los obispos y los sacerdotes intervinieron frecuentemente a favor de víctimas individuales de la represión nacional. Aunque por regla general no se pronunciaron públicamente, sí lo hizo el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, quien en noviembre de 1936 lanzó una apasionada petición de compasión y misericordia: “Ni una gota de sangre y venganza”.