Giral estaba entre la espada y la pared. Necesitaba restaurar la autoridad del Gobierno, pero también mantener el apoyo de la izquierda radical de la que dependía. En privado, mostraba su desacuerdo con las matanzas y la violencia que reinaba en la zona republicana, pero temía condenarlas públicamente por miedo a perder el apoyo de socialistas, anarquistas y comunistas.
Además de no condenar el terror reinante, el gobierno Giral tomó algunas medidas que podrían ser percibidas como una convalidación de los ataques a la Iglesia. El 27 de julio de 1936, por ejemplo, ordenó la ocupación inmediata de todos los edificios que habían sido utilizados por órdenes y congregaciones religiosas con fines educativos. El 11 de agosto de 1936 decretó el cierre de todos los establecimientos religiosos cuyos propietarios hubieran favorecido directa o indirectamente el levantamiento militar. Cierto es que no se aprobaba explícitamente la persecución religiosa, pero estaba claro que no se ponía ningún interés en defender a la Iglesia y a los católicos de los ataques que estaban sufriendo.
El gobierno tampoco controlaba enteramente el Ejército. Una gran parte del ejército regular no se había unido a la insurrección, pero fueron las milicias socialistas, anarquistas y comunistas las principales protagonistas del esfuerzo militar republicano. Muchos oficiales profesionales apoyaban a la República y estaban dispuestos a servirla, pero la desconfianza política reinante impidió que el gobierno republicano hiciera de ellos un uso eficaz. Así, las milicias populares no tuvieron el entrenamiento, la organización y el liderazgo que necesitaban. No eran capaces de vencer en el campo de batalla a las unidades del ejército nacional –aunque más pequeñas, mejor organizadas y dirigidas- que se acercaba cada vez más a Madrid. Las milicias comunistas eran superiores en orden y disciplina a las socialistas y anarquistas, pero, en campo abierto, también carecieron de la destreza del ejército regular mandado por oficiales formados. Además de las deficiencias señaladas en las fuerzas republicanas, lo más grave fue su falta de coordinación e incapacidad de poner en práctica planes estratégicos. A pesar de todo, el gobierno Giral no se atrevió a reorganizar las fuerzas armadas de manera más ortodoxa porque los anarquistas y muchos socialistas rechazaban la disciplina militar.
La revolución económica en el campo presentó un dilema similar. Muchos agricultores que apoyaban a la República se aferraban a sus pequeñas propiedades, aún cuando fueran económicamente ineficientes. Por otra parte, los campesinos no propietarios del sur, que constituían buena parte del apoyo rural a la República, exigían una reforma agraria radical, no contentos con las medidas de Giral que autorizaban la toma de tierras “abandonadas” por sus propietarios y la adquisición del título legal de las propiedades por parte de arrendatarios de muchos años.
