Las medidas anticlericales del Gobierno Provisional

"La fundación del Opus Dei". Libro escrito por John F. Coverdale, en el que narra la historia del Opus Dei hasta 1943.

La idea de que la República era hostil a la Iglesia aumentaba, a la vista de los decretos y reglamentos que emitía el gobierno provisional. Se provocó la alarma de muchos católicos. Estableció plena libertad de conciencia y culto, hizo que la instrucción religiosa fuera voluntaria en los colegios públicos, disolvió el cuerpo de capellanes del Ejército y la Armada, sustituyó el tradicional juramento de un cargo por una simple promesa, privó a la Iglesia de representación en el Consejo Nacional de Educación y prohibió a los funcionarios la asistencia a actos religiosos públicos.

Algunas de estas medidas se habrían considerado aceptables en una sociedad tolerante y religiosamente plural, pero la mayoría de los católicos españoles había crecido en una sociedad en la que prácticamente todo el mundo era, al menos de nombre, católico y en la que durante siglos la norma había sido la de una estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado. Así, se consideraron estos actos como hostiles a la Iglesia. Esta sensación se acentuó porque el gobierno no quiso negociar ni consultar a los representantes de la Iglesia sobre los cambios en política religiosa.

En mayo de 1931, el gobierno expulsó al obispo de Vitoria. Al mes siguiente expulsó al cardenal Segura, principal figura eclesiástica de España, por sus declaraciones y actitudes antirrepublicanas, lo que confirmó a muchos en su convicción de que el nuevo régimen era enemigo de la Iglesia.